El Tribunal Primero de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Yucatán, sentenció a cinco años, un mes de prisión a una persona que fue hallada penalmente responsable del delito de fraude genérico.
En audiencia de individualización de sanciones, los integrantes del Tribunal Primero de Enjuiciamiento, escucharon los alegatos de las partes correspondientes y después del desahogo de pruebas determinaron el grado de culpabilidad y las sanciones a imponer en el caso en particular, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Los Jueces que conforman el Tribunal Primero de Enjuiciamiento, Níger Desiderio Pool Cab, Nidia Guadalupe Celis Fuentes y Fabiola Rodríguez Zurita, determinaron, con base en lo desahogado en la audiencia, imponer al hoy sentenciado cinco años, un mes de prisión y una multa de 220 UMAS equivalente a $18,555.00 M.N.
Además, el Tribunal lo amonestó a efecto de no volver a reincidir, le suspendió sus derechos políticos y le negó sustitutivos de prisión; asimismo, al pago de la reparación del daño por la cantidad de $705,000.00 M.N. asimismo, en cuanto a los perjuicios ocasionados quedó para que en etapa de ejecución se determinen.
La acusación objeto del juicio se basó en la siguiente acusación:
«Que en fecha 29 de octubre de 2018, el hoy acusado, manifestando dedicarse a la edificación de toda clase de obras, se aprovechó de la buena fe de la querellante, quien deseaba construir una casa en la localidad de Komchén, Yucatán, maquinó un “contrato de prestación de servicios para diseño y construcción de obra privada bajo la modalidad de llave en mano” mismo que firmaron el ahora acusado y la querellante, entregándole esta la cantidad de $600,000.00 M.N.
Posteriormente, el hoy acusado le pidió otras diversas cantidades para la realización de la construcción, así como para obtener permisos; sin embargo, en fecha 6 de febrero de 2019, el hoy acusado entregó un cheque sin fondos al administrador del lugar donde se realizaría la construcción de la casa y es en ese momento donde se percatan de que había engañado a la querellante.
Por último, a resultas de la investigación, se estableció que el acusado no tramitó ningún permiso, ni cumplió con el supuesto contrato y no cuenta con instrucción profesional certificada para realizar la actividad que ostenta, por lo que por medio de maquinaciones, engaños y artificios logró que la querellante le entregara la cantidad total de $705,000.00 M.N.»