El día de hoy el CONEVAL público datos relevantes en materia de pobreza y marginación, para lo cual en el primer trimestre del 2021, el ingreso laboral real fue de $4,456.58 al mes. Los hombres $4,787.40 y las mujeres, $3,930.86; la brecha de los ingresos laborales entre hombres y mujeres es de $856.54.

El valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana es de $1,741.89 (marzo de 2021), mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural es de $1,326.23 (marzo de 2021).

En el primer trimestre 2021, el ingreso laboral real promedio del total de la población ocupada que reside en municipios no indígenas fue de $4,619.90 al mes, mayor respecto al de los ocupados residentes en municipios indígenas, cuyo ingreso promedio fue de $2,173.14. Es decir, el ingreso laboral real promedio de los ocupados en el primer trimestre 2021, en municipios indígenas es aproximadamente la mitad que el de aquellos que residen en municipios no indígenas.

Yucatán ocupa el lugar número 16 de las entidades que presentaron una disminución anual en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral

Dado que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de pobreza debe considerar el carácter multidimensional de la pobreza, el CONEVAL construyó el Índice de Rezago Social, incorporando indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda y activos en el hogar.

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales.

El gobierno federal decidió eliminar programas sociales mediante el cual el Estado mexicano ofrecía ayuda y servicios de calidad a grupos vulnerables y, en cambio, privilegió la entrega de dinero como herramienta para provocar el incremento en el consumo de los pobres.

Con esta decisión desaparecieron programas como el de las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y refugios para mujeres que viven violencia extrema, lo cual generó una serie de movilizaciones de protestas de madres de familia, afectadas con la medida que escalaron hasta generar centenas de amparos judiciales Decenas de ellos fueron ganados, aunque el asunto aún no se resuelve de fondo, puesto que sólo en Yucatán, operaban aproximadamente 210 estancias infantiles, estas mismas  antes de la pandemia cerraron el 50% en el 2019 y el número fue aumentando conforme al año siguiente.

En 2018 había 150 programas sociales federales, de los cúales se eliminaron 18 y se crearon 14 para un total de 146 programas vigentes y activos.

De los 150 que había el año pasado, 93 eran considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como que sí contribuyeron a reducir la pobreza, o bien para mejorar el acceso efectivo a los derechos, de esos 93 que habían probado ser exitosos, sólo quedan 81, porque el presidente López Obrador decidió eliminar 12.

De los eliminados y que estaba comprobado, mediante evaluaciones de política pública, que eran relevantes por su contribución en la disminución de la pobreza, se encuentran el de Prospera, Apoyo a la Vivienda, operado por Sedatu; el de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Bienestar; el de Empleo Temporal, de Bienestar, SCT y Semarnat; el de Comedores Comunitarios, de Bienestar, el de Apoyo a la Comercialización, de SADER; el de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias, de la SEP; el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de  Necesidad, de Salud y el de Consolidación de reservas Urbanas, de Sedatu.

Y no sólo eso, de los programas vinculados con la pobreza y con derechos se les redujo el presupuesto hasta en un 5%.

Estamos ante una situación nunca antes vista, ante una pandemia que nos ha dejado altos índices de pobreza, sé que estamos enojados contra los diferentes órganos de gobierno por decisiones que algunas fueron mal tomadas y otras que ayudaron a frenar el avance de contagios, pero no hubo acción alguna que evite el estado de vulnerabilidad en el que estamos todos, las políticas públicas se deben hacer a conciencia y no a capricho, se debe pensar en los más necesitados, si esta situación continua a este ritmo, el país y por ende Yucatán, estaremos ante una recisión económica que empeorará todo, y la pobreza será el tema del día a día, no se debe permitir, todos los aspirantes a ocupar un cargo público, deben tener en cuenta que hay que trabajar al doble o triple para evitar que la situación empeore.

Como bien sabemos estamos ante un proceso electoral en todo el país y en nuestro estado, es por ello que contamos con una gran diversidad de  candidatas y candidatos, los cuales presentan propuestas buenas para Yucatán, pero un buen servidor público no solamente se basa en sus propuestas, si no en su acciones.

El año pasado este poder legislativo, aprobó varias reformas en materia electoral, para garantizar el derecho, el respeto, la igualdad, paridad, inclusión, entre otros, es por ello que hoy vemos planillas para ayuntamientos paritarias, dando inclusión a mujeres en estos puestos, cosa que en el pasado no se veía.

Este acto representa un paso firme a la consolidación de un sistema democrático que hace suyo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es por ello que todas y todos los candidatos deben respetar este principio, para el caso de los ayuntamientos, deben garantizar la conformación del cabildo de manera igualitaria y equitativa.

Por su parte, a escasos 19 días para ejercer nuestro derecho al voto para elegir a nuestros representantes, podemos evaluar el desempeño de nuestros candidatos, y hacernos una pregunta fundamental, ¿Todos los candidatos cumplen con los estándares que merecen los yucatecos?, me refiero a que si realmente son transparentes en todo sentido.

El Observatorio Electoral de Yucatán “ILEJ”, en su  plataforma pública y virtual, en la cual, los partidos políticos y candidatos tienen la opción de subir al sistema datos: declaración patrimonial, declaración 3 de 3 contra la violencia de género, el compromiso en favor de la transparencia, la cual consta de cumplir cabalmente con todas las obligaciones con respectos a transparencia que todo servidor público está sujeto, compromiso anticorrupción, del cual los candidatos se sujetan a actuar  con integridad, denunciar algún acto de corrupción de algún servidor público bajo su administración, así como sus gastos de campaña; de lo cual podemos destacar que existe un cumplimiento  de registro de los candidatos a presidencias municipales  del 1.28% sobre el  100%, esto quiere decir que hay un rezago de casi mil aspirantes a alcalde municipal, que si bien han obtenido su registro para contender en  las elecciones, estos no han sido transparentes con su patrimonio, ni con sus declaraciones de no haber sido agresor de violencia política, ni con su compromiso de ser transparente y de anticorrupción, la ciudadanía hoy en día necesita personas transparentes, personas que puedan rendir cuentas sin temor alguno, en escasos días saldremos a votar y no debemos caer en promesas falsas.

El voto debe ser a conciencia, debemos reflexionar quienes si nos representen, pero sobre todo con quienes sean transparentes, sean empáticos y que estén del lado de la ciudadanía y de la equidad en todas sus formas, no podemos permitir que sigan los servidores públicos que nos respeten los derechos humanos y que violenten a las mujeres.

Nuestros servidores públicos deben tener la calidad humana pero sobre todo presente los derechos humanos y la protección de la dignidad humana, que como bien sabemos es de donde nace todo precepto jurídico.

Es deber del Estado garantizar el respeto de los derechos humanos, que permita elevar la calidad de vida dentro de un marco jurídico certero, adoptando  medidas positivas para facilitar el disfrute de los  derechos humanos básicos.

Todos los derechos humanos, sean éstos, derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, son derechos que deben prevalecer más a allá de cualquier circunstancia.

En tiempos electorales debemos estar al tanto de quienes son los candidatos que hoy se postulan a un cargo público tienen contemplado en sus agendas este tema de gran interés ya que es benéfico para la sociedad en general.

Nuestros próximos gobernantes deben respetar y defender los derechos humanos, políticos y ciudadanos de cada persona, porque nadie debe estar por encima de la Ley. Como gobernantes deben proveer a la sociedad de condiciones óptimas  para el disfrute de los mismos a través de políticas públicas encaminadas a la no discriminación, a la erradicación de la violencia, que actualmente es tema del día al día en nuestra Entidad.

Los que nos representarán en la siguiente Legislatura deberán trabajar y legislar en la materia, porque ostentarán esa responsabilidad política de defender y respetar los derechos de cada ciudadano.

Tengamos en cuenta que no hay derechos pequeños, en tema de derechos humanos no existen jerarquías ni comparaciones, todos somos iguales ante la Ley, no importa el color de piel, raza, religión, ni orientación sexual, todo servidor público deberá tener en cuenta esto para garantizar una verdadera gobernabilidad y paz social.

El día de hoy se presentó la realidad que estamos viviendo con o sin pandemia, lo cual no sería de esta manera si hubiéramos tomado las decisiones y políticas públicas adecuadas, puesto que nunca hemos estado tan desprotegidos como lo estamos con el actual gobierno, vivimos una pandemia social y de salud mucho antes de la pandemia del COVID-19 llegara.

En palabras de Kristen Gillibrand “Cuando abres la puerta a la transparencia, mucha gente te seguirá”.