Compartir

Buenaventura, Colombia. Calles desiertas, puertas aseguradas con candados, miradas desconfiadas, el silencio impera. La mayoría escapó ante la llegada de narcos y rebeldes que se instalaron en sus casas. La guerra por el botín de la cocaína está vaciando poblados del Pacífico colombiano.

La gente que se quedó «está confinada, amenazada, asustada. Y está resistiendo porque prefieren morir en sus casas y no afuera mendigando», dice a la AFP Diego Portocarrero, uno de los cientos de desplazados negros que huyeron del pueblo ribereño La Colonia y hoy malviven en la ciudad de Buenaventura, el principal puerto del Pacífico.

Combatientes del ELN, la última guerrilla reconocida en el país, y del Clan del Golfo, el temido ejército del narco, se disputan a sangre y fuego los poblados que bordean los ríos Calima y San Juan, ruta para el tráfico de cocaína.

En voz baja, un vecino de La Colonia cuenta que los narcos se impusieron y algunos viven en las casas abandonadas por sus dueños: «Lo que nos ha correspondido vivir, ver y oír es inenarrable», lamenta bajo reserva.

Los muros lo atestiguan: agujereados por disparos y marcados con siglas de los dos grupos en disputa, el ELN y las AGC o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo. Conforme un grupo avanza va tachando los grafitis del otro en las fachadas.

La guerra saltó de los montes a los poblados y ahora los ilegales merodean a sus anchas entre civiles. Los militares aparecen de repente para acompañar una caravana humanitaria.

Gota a gota

Enmarcada en una selva copiosa a orillas del Pacífico, la región de 317.000 habitantes (91% afros) es una postal del terror. El 90% de las 9,2 millones de víctimas del conflicto armado son desplazados y de esos casi 300.000 corresponden a Buenaventura, el puerto que mueve el 40% del comercio no mineroenergético del país.

La economía local está a expensas de la extorsión. Pese al acuerdo de paz en 2016 que desarmó a la guerrilla FARC, la violencia sigue su curso. «El desplazamiento mutó (…) ahora es gota a gota, silencioso» y «es peor» porque el pacto no evitó la no repetición y ahora hay más «trabas» para reconocer a las víctimas ante el Estado, observa Juan Manuel Torres, investigador del centro de estudios Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *