La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el día de hoy en pleno ejercicio de su autonomía constitucional y por considerar de interés social que en Yucatán deben prevalecer los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio entre las relaciones de los poderes públicos, promovió un mecanismo de control constitucional local en contra del proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, la cual fue presentada por la Magistrada Presidenta del TSJY y aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el pasado jueves 28 de marzo.
Este mecanismo, se denomina Control Previo de Constitucionalidad y fue presentado ante el propio Tribunal Superior de Justicia; ya que es el mismo Tribunal Superior que se erige para conocer este tipo de asuntos como un Tribunal Constitucional Local de conformidad con la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Yucatán.
Lo anterior, implica una revisión previa sobre la probable inconstitucionalidad del decreto aprobado por el pleno del Congreso, hasta antes de que cobre vida jurídica, es decir, antes de su publicación.
Los efectos que busca la CODHEY al plantear este mecanismo, de primera instancia, es obtener la suspensión oficiosa del procedimiento legislativo, para frenar la publicación del decreto impugnado; y posteriormente que el Tribunal Constitucional Local se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, la inconstitucionalidad del mismo, por considerar que el decreto aprobado por el Congreso del Estado adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al principio de división de poderes y de independencia judicial, tal y como lo manifestaron Diputadas y un Diputado en la propia sesión del Pleno del Congreso, el pasado jueves 28 de marzo.
En la CODHEY, estaremos pendientes que se garantice la protección de los derechos humanos y lo no regresividad de los mismos; y coadyuvaremos para el fortalecimiento de las instituciones en nuestra entidad, desde una perspectiva de prevalencia del estado de derecho que fortalece nuestra democracia y sistema Federal.
