La mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) decidió mantener el fallo de un magistrado que anuló la condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el estado de Paraná.

Los jueces votaron 8 a 3 en favor de sostener la anulación de las penas, aunque la sesión continuaba. Con esta medida judicial, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) queda habilitado para participar de las elecciones presidenciales de 2022.

Desde este miércoles, el STF analizaba en el plenario tres recursos —entre ellos uno de la Procuraduría General de la República— sobre una decisión del magistrado Edson Fachin, que en marzo pasado consideró incompetente el tribunal de Paraná, que condenó a Lula en dos casos y lo procesó en otros dos en el marco de la Operación ‘Lava Jato’.

En concreto, Fachin declaró incompetente al 13 ° Tribunal Federal de Curitiba en los casos del apartamento triplex en Guarujá, una hacienda en Atibaia y el relacionado con la sede y las donaciones del Instituto Lula, al considerar que no tenían relación con los desvíos de dinero en la estatal Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos, y por eso no debían ser juzgados en Paraná, desde donde se llevó la operación Lava Jato.

Con el fallo de Fachin, el exmandatario recuperó sus derechos políticos y podría participar en los comicios de 2022; sin embargo, estaba pendiente esta decisión del STF.

En tanto, las causas deben volver a foja cero en otra jurisdicción.

El encargado de juzgar y condenar a Lula fue el juez Sergio Moro, quien luego se convirtió en ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno de Jair Bolsonaro.

Moro sentenció al exmandatario a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero. Tras ello, Lula estuvo un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento.

A finales de marzo, la Segunda Sala del STF determinó que Moro fue parcial en los procesos que condenaron a prisión a Lula. Pese a ello, el ahora exjuez federal dijo tener «absoluta tranquilidad» con sus decisiones en la operación anticorrupción ‘Lava Jato’.