Después de haber sido detenido en Líbano, autoridades concedieron la libertad bajo fianza a Kamel Nacif, empresario denunciado por tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil.

La periodista Lydia Cacho, quien lo señala por tortura, detalló que al empresario le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no pueda salir de Líbano.

La detención de Nacif Borge ocurrió el jueves, informó Lydia Cacho a través de su cuenta de Twitter.

La periodista indicó que se trasladó a Líbano para presentar su testimonio contra el empresario, a quien señala de orquestar la tortura que sufrió hace 15 años.

Horas después, autoridades concedieron la libertad bajo fianza a Kamel Nacif.

Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.

El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado ‘Los demonios del Edén’, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Lydia Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho, en una polémica decisión.

Aunque en 2019, el Gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa pública a Cacho, reconociendo que se vulneraron sus derechos humanos.

Este mismo año una juez dictó una orden detención contra Mario Marín, Kamel Nacif, y otros funcionarios de esa época.

El exgobernador de Puebla fue detenido en febrero pasado mientras que se presumía que José Kamel Nacif estaría en Líbano, país con el que México no tiene tratados de extradición.