Luego que se diera a conocer que hay empresas de seguridad privada irregulares que son utilizadas por parte del crimen organizado para cometer extorsiones, secuestros, halconeo e incluso para reclutar sicarios, el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), urgió al Congreso a expedir la Ley General de Seguridad Privada, a fin de evitar que algunas empresas “patito” sean un engranaje más en la operación de los grupos delictivos del país.