• Sociedad Civil denuncia que la designación de Dinorah Velázquez como Magistrada Presidenta, podría no ser legal
• Acusan que destitución intempestiva de Larisa Ortiz violenta sus derechos

Luego de que Claudia Dinorah Velázquez González fue designada como Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario, el pasado 5 de marzo, tras la repentina destitución de Larisa Ortiz, a solo 3 meses de haber ocupado el cargo; diversos gremios exigieron al Tribunal Superior Agrario que informe a la opinión pública sobre los motivos de dicha decisión , pues denunciaron que no se siguieron los procesos que establece la Ley.

En conferencia de prensa, representantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Observatorio Agrario, la Liga de Abogados Primero de Diciembre y la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, señalaron que la destitución de Larisa Ortiz se dio de manera presuntamente ilegal, pues careció de un proceso transparente y una explicación clara por parte del Tribunal.

El presidente del Observatorio Agrario, Nayar Paredes, señaló que la designación de la nueva Magistrada Presidenta ha sembrado incertidumbre en la justicia agraria del país, pues existen interrogantes sobre la transparencia en los procesos internos del TSA, lo cual pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de sus decisiones.

“El Tribunal Superior Agrario y la magistrada presidenta, recientemente electa, Claudia Dinorah, se han abstenido en forma inexplicable de hacer pública el acta de sesión del pleno con fecha del 5 de marzo del 2024. Hasta un campesino sabe que una resolución debe de constar en papel para que sea cumplida ya que el juzgador agrario no puede decirle solamente ¿Qué crees? ya perdiste tus derechos ejidales, sin enterarlo, debidamente, de cuáles fueron las consideraciones, justificaciones y motivaciones que llevaron a tal determinación. ¿Cómo se puede confiar en un sistema de justicia que actúa con opacidad y sin respetar los principios básicos del Estado de Derecho?”, cuestionó.

En aras del fortalecimiento institucional, exhortó a los Tribunales Agrarios, a que transparenten, justifiquen y legitimen a la nueva presidenta, para dar certeza a los campesinos del 51% del territorio nacional donde tienen jurisdicción agraria.

“Desde el Observatorio Agrario instamos, muy respetuosamente a los magistrados de los Tribunales Agrarios, que merecen todo nuestro respeto, a que garanticen la institucionalidad, encuentren una salida jurídica pertinente que devuelva certeza a los tribunales agrarios de este país y que devuelva y en forma indubitable, el buen nombre y el prestigio de la magistrada Larisa Ortiz Quintero, quien no puede, bajo ningún concepto, ser víctima de violencia, ni mucho menos de ilegalidad. Si eso le pasa a una magistrada de los tribunales agrarios, qué puede pasarle a un campesino en nuestro país”, dijo.

Por su parte, Sergio Soto, representante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, destacó la importancia de garantizar la independencia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de administrar justicia, especialmente en un contexto donde los derechos de los pueblos indígenas y campesinos están en juego.
Argumentó que la destitución de Ortiz Quintero fue ilegal porque “no se le respetó su Derecho de Audiencia, no se respetó el principio de motivar y fundamentar su destitución como Magistrada Presidenta para el periodo diciembre 2023-diciembre 2026, ni tuvo el debido proceso legal. Se le imposibilitó su derecho de defensa y de aportar pruebas. Tampoco presentó su renuncia al cargo de Magistrada Presidenta, ni pidió licencia o se ausentó definitivamente para que se nombrará una nueva presidenta”, detalló.
Se cometió -dijo-, una “ilegalidad mayúscula” con lo sucedido en el Pleno del Tribunal Superior Agrario el día 5 de marzo del 2024, pues Ortiz Quintero desconocía la orden del día de la Sesión Ordinaria Administrativa, sin embargo, le correspondía a ella haberla elaborado junto con el Secretario de Acuerdos; lo que jamás sucedió, violando el Reglamento Interno el Pleno del Tribunal Superior Agrario.
Por su parte, Lauro Sol Órea, vocero de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, exigió que haya transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades del Tribunal Superior Agrario. “Es fundamental que se esclarezcan los motivos detrás de la destitución de la Magistrada Larisa Ortiz, y que se garantice que los procesos de elección y nombramiento de funcionarios judiciales se lleven a cabo de manera justa y conforme a derecho”, enfatizó..
Finalmente, a título personal, Cirina Castillo, miembro de la Red Nacional de Mujeres Agraristas, hizo un llamado a la unidad y la solidaridad de todas las organizaciones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos (…).

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.»