Con propuestas serias y responsables presentadas por la Fracción Legislativa del PRI, se están dando los primeros pasos para construir un Poder Judicial moderno y garante del acceso a la justicia pronta y expedita para toda la población yucateca; y que consolide el respeto por los derechos laborales de las personas que son parte de esta gran labor, y de esta manera, mejorar sus Condiciones Generales de Trabajo y contar con herramientas para defenderse ante actos injustos que los lesionen.

Al discutirse y aprobarse el dictamen de la Reforma Judicial, el coordinador del Grupo Parlamentario priista, Gaspar Quintal Parra, sostuvo que todavía hace falta una reforma más amplia, pero era impostergable realizar un cambio profundo a favor de la justicia en Yucatán. Por tal razón,  celebró que se respetara el derecho a la participación en condiciones de libertad e igualdad para que todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado pudieran hacer aportaciones.

En ese sentido, destacó que se aprobó de manera unánime la propuesta del PRI de darle plena autonomía presupuestaria al Poder Judicial, para que envíe de manera directa su presupuesto  al Congreso sin pasar por el Poder Ejecutivo, a fin de evitar cualquier tipo de injerencia que reduzca sus participaciones.

También de manera unánime se aprobó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que a través del Consejo de la Judicatura se creen más juzgados de primera instancia, que es donde existe graves rezagos, y se acerquen a la gente de los municipios del interior del estado, quienes muchas veces, por carecer de los medios necesarios para su traslado, no acceden a la justicia.

Gaspar Quintal recalcó que la Fracción del PRI escuchó al Sindicato Único de Trabajadores, Administrativos y Manuales del Poder Judicial, por lo que se incorporó a la Reforma el título décimo primero con dos capítulos relativos a las y los servidores públicos judiciales, a través de los cuales se garantizan los derechos laborales, la libertad sindical, y la protección en contra la discriminación sindical, evitando una afiliación obligatoria o un posible despido injustificado.

Asimismo, se crea un nuevo modelo de solución de conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus servidoras y servidores públicos, por medio de un nuevo órgano independiente e imparcial como será la Comisión de Conflictos, establecida a modo que inspire la confianza de las partes por su imparcialidad y por su constitución mixta, es decir, con representación del patrón y de los trabajadores, que además privilegia la mediación, la conciliación y el arbitraje.

De igual forma, se establecen los parámetros para la elaboración de las Condiciones Generales del Trabajo fijadas de común acuerdo entre el Poder Judicial y los sindicatos, mismas que serán revisadas cada dos años; y en el mes de septiembre de cada año, se revisarán las prestaciones económicas y los salarios de los trabajadores.

Asimismo, se sientan las bases para la implementación de un sistema de carrera judicial, que se regirá por los principios de excelencia, imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo.