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Un segundo hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue captado en video recibiendo dinero en efectivo clandestinamente.

En agosto de 2020, el primer videoescándalo familiar de López Obrador fue el de su hermano Pío, quien aparecía recibiendo 400,000 pesos mexicanos (equivalente a 20,000 dólares, aproximadamente) y diciendo que eran para la campaña de su hermano Andrés Manuel. David León, un operador del gobierno del estado de Chiapas, quien se volvió después figura estelar del gabinete obradorista, entregó el dinero y grabó el video. La “explicación” del presidente mexicano se volvió un meme: no era corrupción, eran “aportaciones para fortalecer el movimiento”.

Once meses más tarde, vemos a Martín Jesús López Obrador recibiendo del mismo personaje 150,000 pesos mexicanos (7,500 dólares aproximadamente) en fajos de billetes y hablando también de que el dinero era para su hermano. La reacción del presidente: se trata de un “trato personal”, un préstamo. Brotaron de nuevo las burlas.

En ambos casos, las torpes excusas presidenciales han sido acompañadas de una ráfaga incesante de calumnias, insultos y descalificaciones contra el periodista que lo publicó, yo. La reacción oficial no buscó explicar esos hechos ni aplicar una elemental rendición de cuentas sobre ellos sino atribuir intenciones deshonestas a los medios que los revelaron. Así, exhibe que su postura sobre la corrupción tiene dos caras: si los involucrados pertenecen a su familia o a su movimiento político, son exonerados de antemano; de otra forma, son condenados sin investigar.

Es un sello de la casa. López Obrador le dedica más tiempo a tachar a la prensa de corrupta, conservadora, e incluso golpista, que a abordar seriamente las crecientes noticias que radiografían que su administración es un estrepitoso fracaso en prácticamente todos los frentes: lucha anticorrupción, manejo de la pandemia, economía y seguridad pública.

Le gustaría que no se supiera del estado de desastre en que ha puesto a la administración pública, la forma como ha destruido las capacidades del Estado para atender a la ciudadanía. Los homicidios han marcado niveles récord en lo que va de su sexenio, México tiene casi 250,000 muertes estimadas por la pandemia, según cifras oficiales, y la crisis económica ha dejado 13 millones de pobres más.

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