Circula en redes un comunicado oficial parte de los empleados de las oficinas de la empresa Evolución ConSiente Mérida, empresa de talleres y cursos de coaching y desarrollo humano, la cual pertenecía el empresario regiomontano Jesús Gabriel Romero Núñez quien hasta el mes de noviembre del 2021 mantuvo abierta su empresa, siendo el día 30 de ese mes cuando cesó sus operaciones.

Esta empresa la cual no pudo continuar operando debido a las malas decisiones financieras por parte del dueño, aún le debe a 3 de sus 4 ex empleados no solo su liquidación, sino también el pago de bonos que durante meses aplazó e incluso el pago de cursos ya impartidos por algunos de ellos.  Al momento del cierre la deuda total hacia los empleados rondaba los $150,000 pesos. 

Se supo debido a que fue publicado en Marketplace que Jesús Gabriel Romero Núñez procedió a la venta de aires acondicionados, mobiliario y equipo de oficina una vez que la empresa ceso sus operaciones, sin embargo, aun contando con ese recurso el no procedió a la liquidación de sus empleados conforme lo marca la ley.

Los ex empleados de la empresa decidieron realizar un comunicado a través de video en sus redes sociales, esto debido a que han sido contactados en reiteradas ocasiones por clientes ya graduados de sus cursos y otros tantos que ya los pagaron y que hasta la fecha no les han reembolsado su dinero ni impartido los cursos pendientes.    Asimismo, los ex empleados han sido contactados también por ex clientes a quienes el empresario ha buscado para “venderles” nuevos cursos y para buscar “inversionistas” lo que a todas luces se ve como una posible estafa; es debido a lo anterior que los ahora demandantes del pseudo-empresario decidieron realizar el comunicado en el cual explican la situación y se deslindan de cualquier acción fraudulenta realizada a partir del cierre de la empresa.

Al día de hoy y como consecuencia de la falta de comunicación por parte del Sr. Romero 3 de las 4 personas que formaban parte de sus oficinas tienen interpuesta una demanda ante la junta estatal de conciliación y arbitraje, la cual está a la espera de finalizar ya que en reiteradas ocasiones ha sido aplazada debido a que el regiomontano no ha dado la cara con un abogado como lo marca la ley.